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El desafío de preservar el orden y la convivencia

La muerte de David Carlos Abreu Quezada no es un hecho aislado: es un síntoma preocupante de tensiones sociales que invitan a una reflexión serena sobre la convivencia y el respeto a la vida. Lo ocurrido en Santiago, donde un ciudadano perdió la vida tras ser perseguido y agredido por un grupo de personas, plantea interrogantes profundas sobre los límites que como sociedad debemos preservar. Más allá de las circunstancias particulares —que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes—, el hecho remite a un fenómeno inquietante: la sustitución de los mecanismos institucionales por reacciones colectivas desbordadas.

Las imágenes difundidas en redes sociales, que han impactado a la opinión pública, también invitan a una reflexión sobre el papel de la ciudadanía en contextos de crisis. La rapidez con que se registran y difunden estos hechos contrasta, en ocasiones, con la necesidad de actuar con responsabilidad, prudencia y sentido de humanidad.

En este contexto, corresponde a las autoridades avanzar con rigor en las investigaciones para determinar con claridad los hechos, establecer responsabilidades individuales y garantizar que el debido proceso prevalezca. La respuesta institucional, basada en la ley, es esencial para preservar la confianza ciudadana.

Las informaciones sobre detenciones vinculadas al caso constituyen un paso relevante en esa dirección. Sin embargo, el desafío es más amplio: reafirmar que ninguna circunstancia justifica la violencia colectiva ni la justicia por mano propia, prácticas que debilitan el Estado de derecho.

Este suceso cuestiona tanto a la institucionalidad como a la ciudadanía. A las autoridades, en su deber de garantizar la seguridad, la prevención y la respuesta oportuna; a la sociedad, en la responsabilidad de sostener los valores que hacen posible la vida en común. En última instancia, una sociedad se define no solo por sus leyes, sino por su capacidad de hacerlas valer dentro de un marco de respeto, prudencia y humanidad. Reafirmar ese principio es hoy una tarea compartida. Pero esa tarea no se agota en el ámbito institucional: comienza en la formación de la conciencia.

Es en la familia donde se siembran los primeros valores de respeto y empatía; en la escuela donde se cultiva el sentido de responsabilidad y convivencia; y en la sociedad donde esos aprendizajes se ponen a prueba y adquieren sentido pleno.

Humanizar nuestro tiempo implica educar ciudadanos capaces de reconocer en el otro a un igual, de actuar con discernimiento ante la adversidad y de sostener, incluso en medio de la tensión, el valor irrenunciable de la vida.

Solo así será posible fortalecer una cultura cívica que no dependa únicamente de la norma, sino de la convicción ética que la hace verdaderamente funcional y efectiva.