Replantear para prevenir EL ESTADO DOMINICANO A FRASCASADO EN LA POLITICA DE SEGURIDAD
Las cifras vuelven a estremecer la conciencia nacional. Cincuenta y cinco mujeres han perdido la vida a causa de feminicidios en apenas los primeros siete meses del año, un dato que por sí solo obliga a una profunda reflexión. El llamado del Centro de Estudios de Género (CE-Mujer), al advertir que las estrategias actuales de prevención no están dando los resultados esperados, merece ser escuchado con la seriedad que demanda una tragedia que continúa cobrando vidas y destruyendo familias.
Más allá de las estadísticas, cada feminicidio representa una historia marcada por el dolor, el fracaso de múltiples instancias de protección y la incapacidad colectiva para impedir un desenlace que, en muchos casos, pudo haberse evitado. Cuando una mujer es asesinada por quien prometió protegerla o compartir su vida, toda la sociedad queda interpelada.
Es cierto que durante los últimos años se han fortalecido mecanismos de denuncia, persecución penal y asistencia a las víctimas. Sin embargo, la persistencia de estos crímenes demuestra que la respuesta no puede concentrarse únicamente en actuar cuando la violencia ya ha escalado. La prevención debe convertirse en el eje principal de la política pública, con instituciones coordinadas, recursos suficientes y protocolos eficaces que permitan identificar señales de riesgo antes de que sea demasiado tarde.
No obstante, replantear las estrategias exige reconocer que estamos ante un problema complejo, que no puede ser abordado desde una sola perspectiva. La violencia contra la mujer requiere respuestas integrales que atiendan sus distintas manifestaciones y los factores sociales, familiares y culturales que pueden favorecer o agravar situaciones de violencia. Combatir este fenómeno exige fortalecer la educación para la convivencia, promover el respeto mutuo desde la infancia, prevenir las conductas agresivas y afianzar una cultura en la que la dignidad humana y el respeto a la vida sean principios innegociables.
La escuela, la universidad, las iglesias, los medios de comunicación y las organizaciones comunitarias tienen igualmente una responsabilidad que no puede ser delegada por completo al Estado. La formación del carácter, el manejo pacífico de los conflictos y la enseñanza del respeto hacia la mujer deben formar parte de un esfuerzo nacional permanente, libre de intereses partidistas y orientado al bien común.
También corresponde revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de recibir denuncias y ofrecer protección. Ninguna víctima debe encontrar indiferencia, burocracia o descoordinación cuando decide romper el silencio y buscar ayuda.
La República Dominicana no puede resignarse a que el feminicidio forme parte de la rutina informativa. Cada vida perdida constituye un fracaso que compromete a todos. Es momento de corregir lo que no funciona, fortalecer lo que sí ofrece resultados y asumir, con firmeza y unidad, que proteger la vida de las mujeres no es una bandera de un sector, sino un deber moral, institucional y nacional del que depende la salud misma de nuestra sociedad.
Deja una respuesta