Canciller Álvarez defiende acuerdo migratorio con EE. UU.
El Gobierno dominicano salió a contener la creciente polémica por el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos, luego de que el canciller Roberto Álvarez asegurara que ninguna persona podrá ingresar al país sin autorización expresa de las autoridades dominicanas.
La declaración busca disipar las dudas y críticas surgidas tras conocerse el memorándum suscrito entre ambos países —denominado Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países (TCNA)— que permitiría el ingreso temporal y excepcional de extranjeros en condición de tránsito antes de ser retornados a sus naciones de origen.
“Quiero ser enfático: nadie entrará a nuestro territorio sin la autorización del Gobierno dominicano”, afirmó Álvarez, al insistir en que el mecanismo no implica una cesión de soberanía ni altera el sistema migratorio nacional.
El canciller explicó que el memorándum no tiene carácter jurídicamente vinculante y puede ser suspendido o terminado por República Dominicana en cualquier momento. Según sostuvo, cada caso sería evaluado individualmente por las autoridades dominicanas, que conservarán el control absoluto sobre quién entra y bajo qué condiciones.
La controversia ha escalado en los últimos días debido a interrogantes sobre el alcance real del acuerdo y el papel que asumiría el país dentro de una estrategia regional impulsada por Washington para agilizar procesos de remoción y repatriación de nacionales de terceros países.
Álvarez insistió en que las personas contempladas en el programa permanecerían solo unos días en territorio dominicano y no formarían parte del sistema migratorio nacional. También aclaró que se trata de extranjeros que no han ingresado formalmente a Estados Unidos y que serían trasladados de manera temporal antes de retornar a sus países de origen.
El funcionario reiteró, además, que el acuerdo excluye a ciudadanos haitianos, personas con antecedentes penales y menores de edad no acompañados, condiciones que ya habían sido establecidas por el Gobierno al anunciar el memorándum dentro de la iniciativa bilateral “Escudo de las Américas”.
La Cancillería había informado previamente que Estados Unidos asumiría apoyo financiero y operativo para garantizar condiciones adecuadas durante la estancia temporal y facilitar el retorno -ordenado de las personas trasladadas.
Sin embargo, pese a las explicaciones oficiales, persisten cuestionamientos de legisladores, exfuncionarios y sectores de opinión que reclaman mayor transparencia sobre la ejecución práctica del acuerdo.
El debate se concentra ahora en aspectos sensibles: dónde serían alojados los extranjeros, bajo qué supervisión permanecerían, qué documentación portarían, cuánto tiempo exacto estarían en el país y qué ocurriría si sus naciones de origen retrasan o rechazan la recepción.
Aunque el Gobierno insiste en que se trata de un mecanismo temporal, reversible y controlado por República Dominicana, la discusión pública evidencia que el mayor desafío será demostrar, con hechos y datos verificables, que el país mantendrá el control efectivo del proceso cuando comiencen los primeros traslados.
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