El arroz y la seguridad alimentaria nacional
- Redacción | lunes, 12 octubre 2026
El arroz ocupa un lugar fundamental en la alimentación dominicana y en la estructura productiva del país. Su cultivo genera empleos, moviliza inversiones y sostiene numerosas comunidades rurales. Por ello, las decisiones sobre las condiciones de su comercialización deben examinarse desde una perspectiva que considere tanto la apertura de los mercados como la capacidad de la producción nacional para mantener su competitividad y contribuir a la seguridad alimentaria.
La derogación del Decreto 693-24 y las conversaciones relacionadas con un eventual acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos sitúan la actividad arrocera ante un escenario que requiere atención y análisis. La Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa) ha expresado su confianza en el presidente Luis Abinader y en las autoridades involucradas en estas negociaciones, al tiempo que ha planteado la importancia de preservar condiciones favorables para los productores nacionales. Por su parte, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) ha señalado la necesidad de acompañar los cambios en las condiciones de importación con medidas que fortalezcan la producción local.
Ambas posiciones ponen de relieve un asunto esencial: la política comercial debe considerar sus efectos sobre las actividades productivas nacionales, sin perder de vista las oportunidades que puede ofrecer una mayor integración económica.
En ese contexto, la modernización del campo constituye un componente importante de la respuesta. El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con los productores y señalado el Programa Nacional de Mecanización Agropecuaria (Pronamec) como parte de los esfuerzos dirigidos a reducir costos, elevar la productividad y mejorar las condiciones de trabajo. La mecanización, la tecnificación y el uso eficiente de los recursos pueden contribuir a que el sector enfrente con mayores capacidades las exigencias de la competencia.
Según las organizaciones del sector, alrededor de 30,000 productores participan en la actividad arrocera, que también involucra a trabajadores, factorías, transportistas, comerciantes y comunidades rurales. Esta dimensión económica y social explica por qué las decisiones que afectan al cultivo deben ponderarse con criterios de sostenibilidad, eficiencia y bienestar colectivo.
La apertura comercial puede generar oportunidades, pero aprovecharlas requiere una producción capaz de responder a las nuevas condiciones del mercado. De ahí la importancia de mantener políticas coherentes, promover inversiones, facilitar la incorporación de tecnología y propiciar un diálogo continuo entre las autoridades y los actores del sector.
El objetivo debe ser consolidar una actividad arrocera moderna, competitiva y sostenible, que contribuya al abastecimiento nacional y al desarrollo rural. Para ello, resulta fundamental que las decisiones comerciales estén acompañadas de iniciativas que permitan a los productores adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades disponibles.
La Información considera que el interés nacional exige abordar este proceso con equilibrio y visión de largo plazo. Fortalecer la producción arrocera no supone desconocer las posibilidades del comercio internacional, sino procurar que la apertura económica contribuya también al desarrollo de las capacidades productivas del país y a la seguridad
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